Restricciones de EEUU derivan en detenciones, destituciones y renuncias
Por Mauricio Diaz Saravia La Paz / octubre 24, 2026 18:48 en Nacional Las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos el 28 de septiembre y el 22 de octubre tuvieron repercusiones en distintas instituciones de Bolivia. Las medidas coincidieron con detenciones preventivas, desvinculaciones en la Fiscalía, una renuncia en el Órgano Judicial y cuestionamientos contra dos diputados. Las decisiones del Departamento de Estado estadounidense alcanzaron a autoridades, exfuncionarios y particulares señalados por presuntos vínculos con corrupción o narcotráfico. Sin embargo, las consecuencias variaron según cada caso y no todos los incluidos en las listas afrontan procesos judiciales en Bolivia. Cuatro investigados en prisión preventiva Un recuento de El Deber, da cuenta que uno de los casos de mayor repercusión es el del exfiscal general del Estado Róger Mariaca, incluido en la primera nómina y señalado por Washington por presunta corrupción significativa. El 3 de octubre, la justicia boliviana dispuso seis meses de detención preventiva para Mariaca; el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos; el exfiscal superior Martín Irusta, y el mayor de Policía Rubén Aparicio. La investigación está relacionada con una presunta estructura de protección al narcotráfico vinculada al uruguayo Sebastián Marset. Mariaca fue trasladado a la cárcel de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, a El Abra, en Cochabamba; Irusta, a Patacamaya, en La Paz; y Aparicio, a Chonchocoro. Los tres primeros figuraban en las restricciones estadounidenses, mientras que Aparicio fue procesado dentro de la misma investigación penal. Fiscales destituidos y una renuncia judicial La segunda lista, publicada el 22 de octubre, tuvo repercusiones en el Ministerio Público y el Órgano Judicial. El fiscal general, José Armando Urioste, confirmó la desvinculación de Félix Gerardo Balderas Arteaga, fiscal de El Torno, y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Urioste aclaró que ambas decisiones formaban parte de una medida administrativa que alcanzó a 60 funcionarios, con memorandos fechados el 20 de octubre, antes de la difusión pública de la nómina estadounidense. Además, anunció la recopilación de antecedentes para establecer si corresponde abrir investigaciones penales. En el Órgano Judicial, Aldo Quezada presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz después de aparecer en la lista. El vocal Nelson Alba, quien debía sucederlo por antigüedad y también fue mencionado por Washington, solicitó licencia, pero no renunció. Ante esa situación, Irma Villavicencio fue elegida el viernes como presidenta del tribunal departamental. Diputados cuestionados y sin renuncias Las restricciones también alcanzaron a los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Pacheco Chávez, incluidos en la segunda nómina estadounidense. El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron que López deje la Cámara de Diputados. El legislador, por su parte, afirmó que defenderá su honor y su presunción de inocencia, aunque evitó especular sobre los motivos de la decisión estadounidense. Pacheco descartó abandonar su curul el viernes 23 de octubre. “No voy a renunciar, el pueblo me puso y el pueblo me saca”, afirmó el diputado de Alianza Popular, quien aseguró que continuará con sus funciones legislativas. Un exjefe antidroga apartado Otra consecuencia se registró en la Policía Boliviana. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el 28 de septiembre una investigación interna contra el coronel Franz Cabrera Quispe, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Según la autoridad, Cabrera fue apartado de sus funciones y pasó a la denominada Letra E, después de haber ejercido como inspector general de la institución policial. La primera medida estadounidense, anunciada el 28 de septiembre, incluyó la revocación de visas y una designación pública contra Mariaca. La segunda, del 22 de octubre, identificó a otros 15 bolivianos, entre ellos diputados, fiscales, jueces, policías y exautoridades administrativas. Las consecuencias no fueron iguales para todos los señalados. En algunos casos hubo detenciones, desvinculaciones o renuncias; en otros, la medida conocida se limita a las restricciones migratorias impuestas por Washington. Estas restricciones son medidas administrativas de Estados Unidos y no constituyen, por sí mismas, condenas penales. Del mismo modo, las investigaciones y detenciones preventivas en Bolivia no equivalen a una declaración definitiva de culpabilidad. en tendencia: EEUU
El exfiscal general Roger Mariaca fue enviado a la cárcel. Foto: RRSS
Las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos el 28 de septiembre y el 22 de octubre tuvieron repercusiones en distintas instituciones de Bolivia.
Las medidas coincidieron con detenciones preventivas, desvinculaciones en la Fiscalía, una renuncia en el Órgano Judicial y cuestionamientos contra dos diputados.
Las decisiones del Departamento de Estado estadounidense alcanzaron a autoridades, exfuncionarios y particulares señalados por presuntos vínculos con corrupción o narcotráfico.
Sin embargo, las consecuencias variaron según cada caso y no todos los incluidos en las listas afrontan procesos judiciales en Bolivia.
Un recuento de El Deber, da cuenta que uno de los casos de mayor repercusión es el del exfiscal general del Estado Róger Mariaca, incluido en la primera nómina y señalado por Washington por presunta corrupción significativa.
El 3 de octubre, la justicia boliviana dispuso seis meses de detención preventiva para Mariaca; el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos; el exfiscal superior Martín Irusta, y el mayor de Policía Rubén Aparicio. La investigación está relacionada con una presunta estructura de protección al narcotráfico vinculada al uruguayo Sebastián Marset.
Mariaca fue trasladado a la cárcel de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, a El Abra, en Cochabamba; Irusta, a Patacamaya, en La Paz; y Aparicio, a Chonchocoro. Los tres primeros figuraban en las restricciones estadounidenses, mientras que Aparicio fue procesado dentro de la misma investigación penal.
La segunda lista, publicada el 22 de octubre, tuvo repercusiones en el Ministerio Público y el Órgano Judicial. El fiscal general, José Armando Urioste, confirmó la desvinculación de Félix Gerardo Balderas Arteaga, fiscal de El Torno, y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
Urioste aclaró que ambas decisiones formaban parte de una medida administrativa que alcanzó a 60 funcionarios, con memorandos fechados el 20 de octubre, antes de la difusión pública de la nómina estadounidense. Además, anunció la recopilación de antecedentes para establecer si corresponde abrir investigaciones penales.
En el Órgano Judicial, Aldo Quezada presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz después de aparecer en la lista.
El vocal Nelson Alba, quien debía sucederlo por antigüedad y también fue mencionado por Washington, solicitó licencia, pero no renunció. Ante esa situación, Irma Villavicencio fue elegida el viernes como presidenta del tribunal departamental.
Las restricciones también alcanzaron a los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Pacheco Chávez, incluidos en la segunda nómina estadounidense.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron que López deje la Cámara de Diputados. El legislador, por su parte, afirmó que defenderá su honor y su presunción de inocencia, aunque evitó especular sobre los motivos de la decisión estadounidense.
Pacheco descartó abandonar su curul el viernes 23 de octubre. “No voy a renunciar, el pueblo me puso y el pueblo me saca”, afirmó el diputado de Alianza Popular, quien aseguró que continuará con sus funciones legislativas.
Otra consecuencia se registró en la Policía Boliviana. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el 28 de septiembre una investigación interna contra el coronel Franz Cabrera Quispe, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Según la autoridad, Cabrera fue apartado de sus funciones y pasó a la denominada Letra E, después de haber ejercido como inspector general de la institución policial.
La primera medida estadounidense, anunciada el 28 de septiembre, incluyó la revocación de visas y una designación pública contra Mariaca. La segunda, del 22 de octubre, identificó a otros 15 bolivianos, entre ellos diputados, fiscales, jueces, policías y exautoridades administrativas.
Las consecuencias no fueron iguales para todos los señalados. En algunos casos hubo detenciones, desvinculaciones o renuncias; en otros, la medida conocida se limita a las restricciones migratorias impuestas por Washington.
Estas restricciones son medidas administrativas de Estados Unidos y no constituyen, por sí mismas, condenas penales. Del mismo modo, las investigaciones y detenciones preventivas en Bolivia no equivalen a una declaración definitiva de culpabilidad.
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