Ocho exfiscales figuran en listas de EEUU; cuatro ya están detenidos
Por Mauricio Diaz Saravia La Paz / octubre 24, 2026 09:13 en Nacional Al menos ocho exfiscales aparecen en las dos listas de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos. Cuatro de ellos están con detención preventiva: Roger Mariaca, Martín Daniel Irusta, Armando Rojas y Alberto Zeballos. La segunda nómina, difundida en octubre y compuesta por 15 personas, incluye a antiguos funcionarios del Ministerio Público y vuelve a poner bajo escrutinio las presuntas conexiones entre estructuras criminales y las instituciones estatales. El Gobierno de Rodrigo Paz aseguró que no brindará protección a ninguno de los señalados. Entre los exfiscales incluidos en esta última lista están Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras, exfiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz; y Armando Rojas, excoordinador de fiscales de La Paz. La primera nómina también menciona a Álvaro Mauricio Nava Morales, exfiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca. En esa relación figuran además Mariaca, Zeballos e Irusta, quienes se encuentran detenidos preventivamente, según los antecedentes difundidos sobre el caso. Las restricciones migratorias forman parte de las medidas adoptadas por Washington contra ciudadanos bolivianos señalados por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, estas sanciones administrativas no constituyen por sí mismas una sentencia penal en Bolivia. Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que la rendición de cuentas es necesaria para preservar la estabilidad regional y respaldar las acciones contra la corrupción en Bolivia y Colombia. “Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la Policía y los órganos legislativos”, publicó Segura en la red social X. Washington ratificó su respaldo a las acciones destinadas a reducir la influencia de organizaciones criminales en las instituciones estatales. Las listas incluyen no solo a exfuncionarios de la Fiscalía, sino también a personas vinculadas con el ámbito judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional y otras instancias públicas. En Bolivia, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la administración de Rodrigo Paz no protegerá ni encubrirá a los ciudadanos mencionados por Estados Unidos. También sostuvo que las autoridades y exautoridades deberán responder ante la justicia si existen elementos que justifiquen una investigación. “La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, manifestó el portavoz, al reafirmar la posición del Ejecutivo frente a las redes criminales transnacionales. Por su parte, el fiscal general del Estado en ejercicio, José Armando Urioste, informó que Julio César Porras y Félix Gerardo Balderas fueron desvinculados del Ministerio Público el 20 de octubre, antes de que se conociera públicamente la segunda lista estadounidense. “Se ha agradecido los servicios de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público”, explicó Urioste. Añadió que la Fiscalía revisará los antecedentes de las personas que corresponda investigar. “Todas las personas que tengan que ser investigadas van a ser investigadas, conforme a los antecedentes que tenemos en Bolivia”, sostuvo. Las investigaciones nacionales deberán establecer si existen indicios suficientes para atribuir responsabilidades penales a los señalados. La inclusión en las listas estadounidenses, por sí sola, no reemplaza las actuaciones del Ministerio Público ni las decisiones de los tribunales bolivianos. en tendencia: Exfiscales Retiro de visas
El fiscal general, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior, Martín Irusta. Foto: Archivo
Al menos ocho exfiscales aparecen en las dos listas de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos. Cuatro de ellos están con detención preventiva: Roger Mariaca, Martín Daniel Irusta, Armando Rojas y Alberto Zeballos.
La segunda nómina, difundida en octubre y compuesta por 15 personas, incluye a antiguos funcionarios del Ministerio Público y vuelve a poner bajo escrutinio las presuntas conexiones entre estructuras criminales y las instituciones estatales. El Gobierno de Rodrigo Paz aseguró que no brindará protección a ninguno de los señalados.
Entre los exfiscales incluidos en esta última lista están Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras, exfiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz; y Armando Rojas, excoordinador de fiscales de La Paz.
La primera nómina también menciona a Álvaro Mauricio Nava Morales, exfiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca. En esa relación figuran además Mariaca, Zeballos e Irusta, quienes se encuentran detenidos preventivamente, según los antecedentes difundidos sobre el caso.
Las restricciones migratorias forman parte de las medidas adoptadas por Washington contra ciudadanos bolivianos señalados por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, estas sanciones administrativas no constituyen por sí mismas una sentencia penal en Bolivia.
Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que la rendición de cuentas es necesaria para preservar la estabilidad regional y respaldar las acciones contra la corrupción en Bolivia y Colombia.
“Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la Policía y los órganos legislativos”, publicó Segura en la red social X.
Washington ratificó su respaldo a las acciones destinadas a reducir la influencia de organizaciones criminales en las instituciones estatales. Las listas incluyen no solo a exfuncionarios de la Fiscalía, sino también a personas vinculadas con el ámbito judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional y otras instancias públicas.
En Bolivia, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la administración de Rodrigo Paz no protegerá ni encubrirá a los ciudadanos mencionados por Estados Unidos. También sostuvo que las autoridades y exautoridades deberán responder ante la justicia si existen elementos que justifiquen una investigación.
“La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, manifestó el portavoz, al reafirmar la posición del Ejecutivo frente a las redes criminales transnacionales.
Por su parte, el fiscal general del Estado en ejercicio, José Armando Urioste, informó que Julio César Porras y Félix Gerardo Balderas fueron desvinculados del Ministerio Público el 20 de octubre, antes de que se conociera públicamente la segunda lista estadounidense.
“Se ha agradecido los servicios de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público”, explicó Urioste. Añadió que la Fiscalía revisará los antecedentes de las personas que corresponda investigar.
“Todas las personas que tengan que ser investigadas van a ser investigadas, conforme a los antecedentes que tenemos en Bolivia”, sostuvo.
Las investigaciones nacionales deberán establecer si existen indicios suficientes para atribuir responsabilidades penales a los señalados. La inclusión en las listas estadounidenses, por sí sola, no reemplaza las actuaciones del Ministerio Público ni las decisiones de los tribunales bolivianos.
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