Seis alertas precedieron la ofensiva de EEUU contra la corrupción en la Justicia

Seis alertas internacionales sobre corrupción , interferencia política e infiltración criminal en la Justicia del país precedieron a la actual ofensiva de Estados Unidos , según un recuento elaborado por EL DEBER sobre la base información y documentos oficiales. Entre septiembre y octubre, Washington anunció restricciones migratorias para 62 personas y sus familias en el contexto de su política para enfrentar al crimen organizado y la corrupción.

De ese total, identificó a 16 fiscales, jueces y magistrados, actuales o antiguos. Ya en junio de 2022, Diego García-Sayán, entonces relator de la ONU sobre independencia judicial, denunció interferencias políticas, retardación y abuso de la detención preventiva. Tras visitar Bolivia, constató que el 47% de los 1.134 jueces ordinarios era transitorio y que siete de cada diez presos carecían de sentencia.

“La retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas”, afirmó entonces, tras señalar también deficiencias de gestión, formación y corrupción. También observó que el presupuesto judicial era inferior al 0,5% del nacional. En diciembre de 2024, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Fundación para el Debido Proceso publicaron el informe Ni elecciones judiciales integrales, ni reforma de la justicia en Bolivia.

Cuestionaron la selección de magistrados, la prórroga de mandatos y los riesgos para la independencia judicial. En noviembre de 2025, el Índice Global de Crimen Organizado atribuyó a Bolivia 5,12 puntos sobre diez en criminalidad, 0,17 más que en 2023, y 4,63 en resiliencia estatal, una disminución de 0,20. Los actores criminales integrados al Estado alcanzaron 6,5 puntos, frente a apenas tres del sistema judicial y penitenciario para combatirlos.

Describió corrupción institucional y redes extranjeras en territorio nacional. En septiembre de 2026, la relatora de la ONU Margaret Satterthwaite visitó La Paz y Sucre. En diálogos con autoridades y entidades civiles abordó las presiones partidarias en la elección de jueces y defendió designaciones por mérito e independencia. El 28 de septiembre, Washington anunció restricciones para 21 bolivianos y, bajo otra norma, vetó al entonces fiscal general Róger Mariaca por proteger al narcotráfico.

Él rechazó la acusación; fue aprehendido el 1 de octubre y está detenido preventivamente en Cantumarca. En esa primera tanda fueron identificados nueve operadores judiciales: cuatro fiscales, incluido Mariaca, y cinco jueces o magistrados. Entre ellos estaban Alberto Zeballos, Martín Irusta, Álvaro Nava, Albania Caballero, Rosario Flores, Rodrigo Vedia y los magistrados Israel e Iván Campero. El 17 de octubre, Mónica Mendoza, representante de la Unodc, alertó sobre la expansión de mafias extranjeras y su infiltración en la justicia.

Describió una “confluencia” de narcotráfico, trata, contrabando, corrupción y minería ilegal. Dijo que negar la infiltración institucional sería “muy complejo” para el país. La sexta alerta llegó el 21 de octubre. World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 130 de 143 países de su Índice de Estado de Derecho 2026 y 29 de 32 en la región. La justicia penal, la civil y el control de la corrupción siguen entre sus peores indicadores.

El 22 de octubre, EEUU anunció restricciones para otras 40 personas y publicó 15 nombres. Siete fueron operadores de justicia, siendo cuatro fiscales —Juan Lanchipa, Félix Balderas, Julio Porras y Armando Rojas— y tres jueces —Aldo Quezada, José Ayaviri y Julio Alba—. En ambas tandas son ocho fiscales y ocho jueces o magistrados identificados. El fiscal interino José Armando Urioste informó que Balderas y Porras fueron apartados el 20 de octubre.

Quezada renunció al Tribunal Departamental cruceño. El vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió: “La influencia no protege y el uniforme no protege” en relación a estos procesos. Plantean cambios en el sistema judicial aún existente Las restricciones de visa reactivaron distintas propuestas de reforma judicial. El rector de la Uagrm, Reinerio Vargas, propuso reformar la Constitución: elegir fiscales departamentales por voto popular y poner a la Policía bajo mando del gobernador.

“No significa que ya son personas que tienen una sentencia”, aclaró sobre los afectados. El gobernador cruceño Juan Pablo Velasco pidió “una reforma judicial profunda” y propone expedientes digitales, trazabilidad de actuaciones y control ciudadano. En cambio, plantea que las asambleas departamentales designen a fiscales y autoridades judiciales. Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció asistencia técnica del PNUD y gestiones con el BID para digitalización, integridad institucional y lucha contra la corrupción.

La relatora Margaret Satterthwaite advirtió que cualquier cambio debe evitar interferencias partidarias en el sistema.