La crisis del Estado y los límites de la resistencia social

En Bolivia, el desgaste estatal no siempre aparece en los discursos ni en los informes de gestión. Se revela en un mercado, cuando una madre cuenta sus monedas; en el comerciante que ignora cuánto costará reponer su mercadería; en el trabajador que necesita más horas para comprar lo mismo. La crisis se vuelve política cuando la vida cotidiana deja de ofrecer certezas. Hemos convertido la resistencia del boliviano en una virtud nacional. Admiramos al pueblo que madruga, soporta y vuelve a empezar. Sin embargo, detrás de esa admiración existe una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede exigirse el aguante de una sociedad antes de reconocer el fracaso de las condiciones que la obligan a resistir? La capacidad de sobrevivir no debería confundirse con la obligación de resignarse. La relación entre Estado y sociedad descansa sobre algo más profundo que la ley. La ciudadanía acepta cargas, impuestos y reglas porque espera, a cambio, protección de derechos, servicios públicos, estabilidad y oportunidades. Cuando esa reciprocidad desaparece, la confianza se erosiona. Las instituciones dejan de verse como garantías y pasan a percibirse como estructuras distantes. El peso de los precios El encarecimiento de la vida hace visible esa fractura. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación a doce meses fue del 5,70% en septiembre de 2026, muy por debajo del 20,40% registrado al finalizar 2025. Es un cambio relevante, pero desacelerar la inflación no equivale a recuperar el poder adquisitivo perdido. En septiembre subieron productos como el tomate, la papa y la cebolla, además del transporte urbano. La estadística describe una tendencia; el presupuesto doméstico carga con la historia acumulada de los precios. La eliminación de la subvención al diésel en septiembre reabrió el debate sobre quién paga el ajuste. Mantener subsidios generalizados puede deteriorar las finanzas públicas, pero retirarlos sin medidas suficientes de protección también puede perjudicar a las familias. La Defensoría del Pueblo alertó sobre incrementos pronunciados de alimentos básicos y sobre cambios forzados en los hábitos alimenticios. Su monitoreo no equivale al índice nacional de inflación, pero muestra realidades que un promedio puede ocultar. No toda subida de precios proviene de una sola medida. Intervienen la oferta agrícola, el transporte, las expectativas, los problemas de abastecimiento y los costos de importación. Pero esa complejidad tampoco exime de responsabilidad a la política económica. El Fondo Monetario Internacional señaló que el déficit fiscal boliviano superó el 10% del producto interno bruto en 2023 y 2024, en un escenario marcado, entre otros factores, por la caída de los ingresos hidrocarburíferos. El deterioro es acumulativo y trasciende a un solo gobierno. Estado y Gobierno Es preciso distinguir Estado y Gobierno. El Gobierno es transitorio; el Estado debería expresar continuidad, legalidad y capacidad para responder a generaciones distintas. Cuando las instituciones dependen excesivamente de la disputa partidaria, cada transición parece un nuevo comienzo y cada promesa vuelve a reclamar paciencia. Una sociedad no puede construir horizontes estables si percibe que sus derechos dependen del ánimo de las autoridades o de su cercanía con el poder. La desconfianza no es solamente un malestar pasajero. En abril de 2026, una investigación sobre cultura política presentada por Ciudadanía y UNITAS expuso un deterioro sostenido de la confianza en los órganos estatales. Más recientemente, el monitor de Ipsos CIESMORI del tercer trimestre registró que el 76% de las personas consultadas veía al país en una dirección incorrecta y que el 59% calificaba de débil su situación financiera. Estas mediciones tienen límites, pero advierten que la crisis económica también afecta a la legitimidad. Los tiempos de la gente Hay una contradicción cruel: las instituciones hablan de reformas graduales, mientras las familias viven urgencias inmediatas. El alquiler no espera al siguiente presupuesto; la alimentación no puede postergarse hasta que termine una negociación; la deuda no se suspende por un anuncio ministerial. Los tiempos del Estado se miden en gestiones y planes. Los de la ciudadanía, en pasajes, medicamentos y platos servidos. Aun así, la sociedad sostiene al país. Lo hacen quienes venden en una feria, cultivan la tierra, conducen un vehículo, enseñan, cuidan o levantan un negocio familiar. Esa energía social es real, pero no debe romantizarse. Trabajar el doble para conservar un mínimo de tranquilidad no es una conquista colectiva: es el síntoma de un sistema que transfiere a las personas el costo de sus propias fragilidades. Reconstruir la confianza Reconstruir la confianza requiere algo más que mensajes tranquilizadores. Supone cuentas públicas transparentes, reglas previsibles, instituciones independientes, diálogo social y medidas capaces de proteger a quienes enfrentan mayores riesgos. También exige admitir que no existen decisiones económicas sin costos y que la justicia de una reforma depende, en buena medida, de cómo se distribuyen esos costos. El verdadero límite de la resistencia social aparece cuando el sacrificio deja de tener un horizonte. La gente puede soportar dificultades si encuentra razones verificables para creer que conducirán a una vida mejor. Lo que no puede pedírsele indefinidamente es que confunda incertidumbre con destino y paciencia con ciudadanía. Bolivia no necesita descubrir cuánto más puede aguantar su gente. Ya lo sabe. Necesita un Estado que deje de medir su fortaleza por la capacidad de la sociedad para sobrevivir a sus carencias. Porque una república comienza a desgastarse cuando vivir cuesta cada día más y confiar parece una ingenuidad. Y ninguna sociedad debería pagar, al mismo tiempo, el precio de la crisis y el precio de haber perdido la esperanza.

El retiro de visas a 22 bolivianos muestran cómo la nueva política hemisférica de Washington puede trascender el ámbito migratorio.

Mientras las instituciones hablan de reformas graduales, las familias viven las urgencias de la crisis en pasajes, medicamentos y alimentos.

En Bolivia, el desgaste estatal no siempre aparece en los discursos ni en los informes de gestión. Se revela en un mercado, cuando una madre cuenta sus monedas; en el comerciante que ignora cuánto costará reponer su mercadería; en el trabajador que necesita más horas para comprar lo mismo. La crisis se vuelve política cuando la vida cotidiana deja de ofrecer certezas.

Hemos convertido la resistencia del boliviano en una virtud nacional. Admiramos al pueblo que madruga, soporta y vuelve a empezar. Sin embargo, detrás de esa admiración existe una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede exigirse el aguante de una sociedad antes de reconocer el fracaso de las condiciones que la obligan a resistir? La capacidad de sobrevivir no debería confundirse con la obligación de resignarse.

La relación entre Estado y sociedad descansa sobre algo más profundo que la ley. La ciudadanía acepta cargas, impuestos y reglas porque espera, a cambio, protección de derechos, servicios públicos, estabilidad y oportunidades. Cuando esa reciprocidad desaparece, la confianza se erosiona. Las instituciones dejan de verse como garantías y pasan a percibirse como estructuras distantes.

El encarecimiento de la vida hace visible esa fractura. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación a doce meses fue del 5,70% en septiembre de 2026, muy por debajo del 20,40% registrado al finalizar 2025. Es un cambio relevante, pero desacelerar la inflación no equivale a recuperar el poder adquisitivo perdido. En septiembre subieron productos como el tomate, la papa y la cebolla, además del transporte urbano. La estadística describe una tendencia; el presupuesto doméstico carga con la historia acumulada de los precios.

La eliminación de la subvención al diésel en septiembre reabrió el debate sobre quién paga el ajuste. Mantener subsidios generalizados puede deteriorar las finanzas públicas, pero retirarlos sin medidas suficientes de protección también puede perjudicar a las familias. La Defensoría del Pueblo alertó sobre incrementos pronunciados de alimentos básicos y sobre cambios forzados en los hábitos alimenticios. Su monitoreo no equivale al índice nacional de inflación, pero muestra realidades que un promedio puede ocultar.

No toda subida de precios proviene de una sola medida. Intervienen la oferta agrícola, el transporte, las expectativas, los problemas de abastecimiento y los costos de importación. Pero esa complejidad tampoco exime de responsabilidad a la política económica. El Fondo Monetario Internacional señaló que el déficit fiscal boliviano superó el 10% del producto interno bruto en 2023 y 2024, en un escenario marcado, entre otros factores, por la caída de los ingresos hidrocarburíferos. El deterioro es acumulativo y trasciende a un solo gobierno.

Es preciso distinguir Estado y Gobierno. El Gobierno es transitorio; el Estado debería expresar continuidad, legalidad y capacidad para responder a generaciones distintas. Cuando las instituciones dependen excesivamente de la disputa partidaria, cada transición parece un nuevo comienzo y cada promesa vuelve a reclamar paciencia. Una sociedad no puede construir horizontes estables si percibe que sus derechos dependen del ánimo de las autoridades o de su cercanía con el poder.

La desconfianza no es solamente un malestar pasajero. En abril de 2026, una investigación sobre cultura política presentada por Ciudadanía y UNITAS expuso un deterioro sostenido de la confianza en los órganos estatales. Más recientemente, el monitor de Ipsos CIESMORI del tercer trimestre registró que el 76% de las personas consultadas veía al país en una dirección incorrecta y que el 59% calificaba de débil su situación financiera. Estas mediciones tienen límites, pero advierten que la crisis económica también afecta a la legitimidad.

Hay una contradicción cruel: las instituciones hablan de reformas graduales, mientras las familias viven urgencias inmediatas. El alquiler no espera al siguiente presupuesto; la alimentación no puede postergarse hasta que termine una negociación; la deuda no se suspende por un anuncio ministerial. Los tiempos del Estado se miden en gestiones y planes. Los de la ciudadanía, en pasajes, medicamentos y platos servidos.

Aun así, la sociedad sostiene al país. Lo hacen quienes venden en una feria, cultivan la tierra, conducen un vehículo, enseñan, cuidan o levantan un negocio familiar. Esa energía social es real, pero no debe romantizarse. Trabajar el doble para conservar un mínimo de tranquilidad no es una conquista colectiva: es el síntoma de un sistema que transfiere a las personas el costo de sus propias fragilidades.

Reconstruir la confianza requiere algo más que mensajes tranquilizadores. Supone cuentas públicas transparentes, reglas previsibles, instituciones independientes, diálogo social y medidas capaces de proteger a quienes enfrentan mayores riesgos. También exige admitir que no existen decisiones económicas sin costos y que la justicia de una reforma depende, en buena medida, de cómo se distribuyen esos costos.

El verdadero límite de la resistencia social aparece cuando el sacrificio deja de tener un horizonte. La gente puede soportar dificultades si encuentra razones verificables para creer que conducirán a una vida mejor. Lo que no puede pedírsele indefinidamente es que confunda incertidumbre con destino y paciencia con ciudadanía.

Bolivia no necesita descubrir cuánto más puede aguantar su gente. Ya lo sabe. Necesita un Estado que deje de medir su fortaleza por la capacidad de la sociedad para sobrevivir a sus carencias. Porque una república comienza a desgastarse cuando vivir cuesta cada día más y confiar parece una ingenuidad. Y ninguna sociedad debería pagar, al mismo tiempo, el precio de la crisis y el precio de haber perdido la esperanza.

La fragmentación se fue agravando por décadas y hoy es parte medular de la crisis institucional que tiene al país...

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