La Asamblea Legislativa tiene la llave para ampliar el estado de excepción
La decisión del Gobierno de prolongar por otros 90 días el estado de excepción ya está plasmada en el Decreto Supremo 5707, firmado el 14 de septiembre. Pero su continuidad efectiva pasa ahora por la Asamblea Legislativa, que debe autorizar una extensión que llevaría al país a completar hasta seis meses consecutivos bajo este régimen extraordinario. El decreto establece que el estado de excepción por conmoción interna, declarado inicialmente el 20 de junio mediante el DS 5636, se amplía por otros 90 días calendario en todo el territorio nacional.
El nuevo periodo comenzaría inmediatamente después de concluir los primeros tres meses. La medida no crea un nuevo estado de excepción ni incorpora, por sí sola, nuevas restricciones. Su principal efecto es mantener vigentes las facultades, medidas extraordinarias y mecanismos de control aprobados en junio , entre ellos la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para preservar el orden público, proteger infraestructura estratégica y garantizar la circulación y el abastecimiento.
También continúan las restricciones contra bloqueos violentos, la interrupción del transporte de alimentos , combustibles y medicamentos, los ataques a infraestructura y el uso de explosivos u otros elementos destinados a impedir la circulación. Hay medidas más severas —como restricciones a reuniones, manifestaciones o circulación— que no se aplican automáticamente en todo el país. Su activación depende de decisiones específicas de los ministerios de Gobierno y Defensa y debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y riesgo.
El Legislativo define la ampliación El punto central está en la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción. La norma establece que el Ejecutivo puede declarar este régimen hasta por 90 días, pero cualquier extensión excepcional necesita autorización previa de la Asamblea Legislativa , aprobada por mayoría absoluta de los miembros presentes. El propio DS 5707 reconoce esa condición. Por esa razón, el decreto ordena enviar la decisión al Legislativo.
Sin embargo, también establece que las medidas del primer estado de excepción continuarán vigentes hasta que la Asamblea emita su resolución. Ese procedimiento coloca a diputados y senadores en el centro de la decisión . El Gobierno ya expresó públicamente su intención de prolongar el régimen y sostiene que persisten condiciones de riesgo que podrían derivar nuevamente en bloqueos, problemas de abastecimiento y alteraciones del orden público.
El DS 5707 utiliza justamente ese argumento. Señala que informes de los ministerios de Gobierno y Defensa identifican amenazas , advertencias de sectores movilizados y la posibilidad de que reaparezcan medidas de presión que afecten la circulación, los servicios esenciales y las actividades económicas. A diferencia de junio, cuando el estado de excepción respondió a una crisis de bloqueos ya instalada, el nuevo decreto tiene un carácter principalmente preventivo : busca mantener herramientas extraordinarias ante la posibilidad de que la conflictividad vuelva a escalar.
El Ejecutivo incorpora además como r espaldo el informe de la misión de alto nivel de la OEA, que recomendó garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero también proteger la circulación, el acceso a servicios esenciales y la infraestructura crítica ante nuevos conflictos. Derechos no pueden ser suspendidos La extensión tampoco significa que el Ejecutivo tenga facultades ilimitadas. La Constitución establece que un estado de excepción no puede suspender los derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad.
Esa limitación es reiterada por el propio decreto. El debate político se traslada ahora a la Asamblea. El oficialismo ha defendido la necesidad de mantener un instrumento que impida el retorno de bloqueos y hechos violentos, mientras desde sectores de oposición y desde la Vicepresidencia surgieron pedidos para que el Ejecutivo explique los resultados obtenidos durante los primeros 90 días y justifique por qué necesita otros tres meses.
La decisión legislativa definirá, en consecuencia, no solo cuánto tiempo más estará vigente el estado de excepción, sino si las condiciones actuales justifican conservar un conjunto de facultades extraordinarias que comenzaron a aplicarse en junio.